Autoridades mexicanas no se han pronunciado tras la muerte de once hombres originarios de Nayarit y Jalisco en altamar, ocurrida el 16 de febrero durante tres ataques ejecutados por el Comando Sur de Estados Unidos en el marco de la Operación Southern Spear, mientras las comunidades realizaron homenajes y misas en memoria de los fallecidos ante la imposibilidad de recuperar los cuerpos.

Autoridades mexicanas no se han pronunciado tras la muerte de once hombres originarios de Nayarit y Jalisco en altamar, ocurrida el 16 de febrero durante tres ataques ejecutados por el Comando Sur de Estados Unidos, mientras las comunidades realizaron homenajes y misas en memoria de los fallecidos.

El 16 de febrero, el Comando Sur de Estados Unidos informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó tres ataques en altamar contra embarcaciones que, según su inteligencia, eran operadas por organizaciones designadas como terroristas.

El saldo oficial fue de cuatro hombres muertos en una primera nave en el Pacífico oriental, cuatro en una segunda embarcación en la misma región y tres más en una tercera en el Caribe, sin bajas estadounidenses, sumando un total de 11 muertos.

La autoridad militar no proporcionó nombres, nacionalidades ni coordenadas exactas de los ataques, ni precisó si existieron advertencias previas o maniobras de interdicción antes del uso de fuerza letal.

Familias despiden a sus muertos sin cuerpos

Mientras tanto, en la franja costera entre Bahía de Banderas, Nayarit, y Cabo Corrientes, Jalisco, familiares y comunidades realizaron ceremonias religiosas y homenajes simbólicos el 19 de febrero ante la imposibilidad de recuperar los cuerpos.

Las exequias comenzaron en la Parroquia de La Santa Cruz y continuaron con una caminata hacia la marina, donde las embarcaciones locales acompañaron a los familiares en un homenaje en el océano.

Los fallecidos fueron identificados en publicaciones locales y redes sociales como “Marineros de La Cruz de Huanacaxtle”, e incluyen los siguientes nombres, según confirmaron familiares y amigos de manera no oficial:

  • Edgar Hermelindo “N”
  • Carlos “Coitel”
  • Adrián “Bamban”
  • Diego Nivardy “N”
  • Abel “Moreño”
  • Pedro Adrián “N”
  • Luis Carlos “N”
  • José Francisco “N”
  • Braulio Cruz “N”

Sobre este último, familiares lo identifican como originario de Cabo Corrientes, en Jalisco. Informes locales indican que ocho de los fallecidos residían en La Cruz de Huanacaxtle y Corral del Risco, en Bahía de Banderas. Al igual que el resto, solamente han sido identificados por familiares y amigos, sin anuncio público de la autoridad.

Silencio oficial de México

Hasta ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Juan Ramón de la Fuente, no ha informado si recibió notificación sobre la nacionalidad de las víctimas ni si brindará acompañamiento consular.

Los gobiernos de Nayarit y Jalisco tampoco han emitido pronunciamiento alguno sobre la operación ni sobre el presunto fallecimiento de los hombres identificados por comunidades locales.

Se estima que la operación se realizó a cientos de millas náuticas al oeste del Pacífico mexicano, más allá de la Zona Económica Exclusiva, aproximadamente a 450 millas náuticas al oeste de Nayarit, en las inmediaciones de la Isla Clarión. Esta región es uno de los principales corredores del tráfico marítimo hacia Norteamérica.

La Operación Southern Spear y su justificación legal

Desde septiembre de 2025, la administración Trump ha llevado a cabo más de 40 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el marco de la Operación Southern Spear, resultando en al menos 145 muertes. Los ataques del 16 de febrero representan uno de los días más letales de la campaña.

El comunicado oficial del Comando Sur indicó que las embarcaciones estaban vinculadas a “organizaciones designadas como terroristas”, sin precisar cuáles. Bajo esa clasificación, Estados Unidos considera que puede emplear fuerza letal como herramienta legal sin necesidad de detenciones ni juicios.

La administración argumenta que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico, y que los métodos tradicionales de aplicación de la ley no han sido suficientes para desmantelar las redes de tráfico marítimo.

Críticas y cuestionamientos legales

La estrategia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, que la consideran una forma de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, señaló en octubre que “ninguna de las personas en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros o justificar el uso de fuerza letal bajo el derecho internacional”.

Funcionarios de Naciones Unidas han solicitado a Estados Unidos cesar los ataques militares, advirtiendo sobre violaciones a la Carta de la ONU. El Pentágono no ha publicado evidencia detallada que demuestre qué contrabando específico iba a bordo de las embarcaciones al momento de los ataques.

Varias familias han presentado demandas por homicidio culposo y uso ilegal de la fuerza en tribunales de Estados Unidos.

Contexto de la relación bilateral

La operación se realizó sin intervención aparente de autoridades mexicanas, a pesar de que las víctimas han sido identificadas como connacionales por sus familiares y comunidades. Mientras tanto, las familias de los hombres exigen claridad sobre lo ocurrido en altamar y se despiden de ellos en medio de acciones bilaterales que se presentan como colaboración entre México y Estados Unidos, aunque aparentemente sin participación de las autoridades mexicanas.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna instancia del gobierno mexicano había emitido declaración oficial sobre el caso.