La escasez de agua en México ha dejado de ser una amenaza a futuro para convertirse en una realidad crítica que afecta el desarrollo económico, la cohesión social y la salud pública del país. Pese a que casi el 80% del territorio nacional se encuentra actualmente libre de sequía, gracias a un periodo de lluvias favorable al cierre de 2025, 16 entidades federativas aún padecen sequía severa y el desequilibrio en la gestión del recurso genera una crisis permanente que trasciende los ciclos climáticos.

El problema se define por una combinación de distribución inequitativa, infraestructura obsoleta, altísimas tasas de desperdicio y una contaminación generalizada de los cuerpos de agua. Esta situación ya está privando al país de inversión extranjera directa y se perfila como un obstáculo grave para el crecimiento económico y la generación de empleo en 2026.

Análisis del problema: distribución, desperdicio y contaminación

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el agua disponible en México se reparte de manera desproporcionada:

  • El sector agrícola consume el 76% del agua dulce disponible. Se estima que, por el uso predominante del riego por inundación, se desperdicia aproximadamente el 50% de esta agua. Existen 5.2 millones de hectáreas que carecen de sistemas de riego tecnificado como goteo o aspersión.
  • Los centros urbanos utilizan el 15% del agua, pero pierden en promedio el 55% debido a fugas masivas en las redes de distribución.
  • La industria utiliza el 11% y prácticamente no recicla sus aguas residuales, contribuyendo significativamente a la contaminación.

El panorama de contaminación es igual de alarmante. A partir de 2026 entrará en vigor una norma (NOM-001-SEMARNAT-2021) que endurecerá los límites de contaminantes permitidos en las descargas de aguas residuales. Expertos advierten que la mayoría de las plantas de tratamiento del país carecen de la capacidad técnica para cumplir con estos nuevos parámetros, lo que agravará el deterioro de ríos, lagos y humedales.

Se estima que en México existen unas 3,000 plantas de tratamiento de aguas residuales que no operan o lo hacen deficientemente por mal diseño, tecnología obsoleta o alto consumo energético, representando una inversión fallida de alrededor de 80,000 millones de pesos. Un ejemplo emblemático es la megaplanta de Atotonilco de Tula, con una inversión de 10,000 millones de pesos, que tampoco funciona adecuadamente.

Gestión del recurso y fallas institucionales

La disponibilidad natural de agua en México se calcula en 471.5 kilómetros cúbicos anuales. De esta cantidad, el sector agrícola utiliza 358.34 km³ al año, de los cuales desperdicia 179.17 km³. Los centros urbanos pierden 38.89 km³ al año por fugas y contaminan considerablemente 31.82 km³ al año, mientras que la industria contamina un volumen de 51.86 km³ al año.

A esta gestión deficiente se suma una crítica falta de inversión estratégica. Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización México, Comunicación y Ambiente, señala que “los tres niveles de gobierno nunca han invertido realmente en infraestructura para el aprovechamiento de agua de lluvia. Ni en pozos de absorción para la recarga de acuíferos”. Además, en los últimos 33 años, las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura no han implementado un programa permanente de recuperación de suelos erosionados ni de reforestación, acciones indispensables para el ciclo del agua.

Si bien el gobierno federal ha lanzado el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030 con el objetivo de revertir la degradación ambiental, los especialistas insisten en que la solución requiere un cambio de paradigma más profundo. Se necesita descentralizar la toma de decisiones, integrar a universidades y comunidades en la gestión, y apostar por tecnologías innovadoras, eficientes y de bajo costo, como sistemas de captación de lluvia o humedales artificiales para el tratamiento de aguas, en lugar de seguir invirtiendo en obras públicas costosas y obsoletas.

Consecuencias y urgencia de acción

Ciudades como Monterrey, Mexicali, Tijuana, Saltillo, Querétaro y la propia Ciudad de México ya padecen una grave escasez. La crisis no es solo ambiental, sino también de salud pública, ya que la contaminación del agua compromete el bienestar de la población.

La solución no pasa únicamente por destinar más recursos financieros, sino por una transformación institucional que priorice el conocimiento científico, la corresponsabilidad social y la eficiencia sobre los criterios políticos. Sin un cambio de rumbo inmediato y estructural, la crisis hídrica continuará profundizándose, limitando el futuro del país y poniendo en riesgo el derecho humano al agua de millones de mexicanos.