Nepal permanece en un limbo político por tercer día consecutivo luego de las protestas que forzaron la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli y que dejaron al menos 51 muertos. El movimiento juvenil, liderado por la llamada “Generación Z”, permanece dividido, mientras las negociaciones políticas se encuentran estancadas y el Parlamento exige una salida constitucional a la crisis.
El presidente de la Cámara de Representantes, Devaraj Ghimire, y el titular de la Asamblea Nacional, Narayan Dahal, subrayaron que la crisis no debe apartarse del constitucionalismo ni del Estado de derecho. Recordaron que el presidente Ram Chandra Poudel debe buscar un consenso que preserve la soberanía, las libertades civiles y la unidad nacional. Organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales han advertido que cualquier Ejecutivo fuera de la Constitución carecería de legitimidad.
El vacío político se complica por obstáculos legales que impiden a algunos candidatos de la juventud asumir la jefatura del Ejecutivo provisional; la Constitución exige que el primer ministro sea miembro del Parlamento. Partidos tradicionales como el Congreso Nepalí y el UML buscan participación en el Gobierno interino, opción que los jóvenes rechazan. Mientras tanto, el Ejército respalda al movimiento juvenil, participando como garante de la seguridad, aunque sin intención de asumir el poder, aunque aumenta la preocupación por un posible gobierno bajo su tutela.
Las manifestaciones estallaron tras el bloqueo de 26 redes sociales el 4 de septiembre, reflejando el hartazgo contra la corrupción y la inacción política. Durante los enfrentamientos, se incendiaron el Parlamento, el Tribunal Supremo y la oficina presidencial, además de residencias de dirigentes. Desde entonces, Katmandú ha intentado recuperar la normalidad, con reapertura parcial de fronteras y del tráfico, aunque los edificios calcinados recuerdan la magnitud del conflicto.
