La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco legal que busca unificar criterios en todo el país y endurecer las penas contra este delito. El dictamen avanzó con amplio respaldo y ahora se turnó al Ejecutivo, donde podría formalizarse la aplicación de sanciones que llegarían hasta 42 años de prisión en casos agravados. La propuesta también plantea lineamientos más claros para la actuación de autoridades federales y locales, con el fin de mejorar la coordinación y reducir la impunidad.
Legisladores subrayaron que la iniciativa busca cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a víctimas, especialmente en regiones donde la extorsión ha mostrado un crecimiento significativo. Con la homologación nacional, autoridades aseguran contar con más herramientas para combatir estas prácticas y frenar a las redes criminales que operan en distintas entidades del país. Además, se prevén mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento para garantizar que las personas afectadas puedan acceder a apoyo institucional sin temor a represalias.
