La organización Madres contra la Guerra interpuso una solicitud formal de acceso a la información ante el Comando del Centro de Entrenamiento Conjunto Camp Santiago, en Salinas, para exigir la divulgación completa de documentos sobre contaminación química, riesgos ambientales y manejo de sustancias tóxicas en esta instalación militar.

La portavoz del colectivo, Sonia Santiago Hernández, advirtió que la operación prolongada de Camp Santiago representa un riesgo directo para el acuífero del Sur, fuente principal de agua potable para decenas de miles de personas en municipios como Salinas, Guayama y Arroyo.

“Las comunidades tienen derecho a saber qué contaminantes se han vertido en Camp Santiago; dónde están, cuánta exposición existe y qué planes reales de mitigación hay”, afirmó Santiago Hernández, quien subrayó que no permitirán “silencio institucional cuando está en juego la salud de nuestras familias”.

La petición, realizada en el marco del Acta de Libertad de Información (FOIA), incluye solicitudes específicas sobre:

  • Documentación relacionada con tanques subterráneos y derrames de combustible.
  • Historial de fugas de gasolina y diésel, así como órdenes correctivas emitidas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
  • Resultados de pruebas de agua potable, aguas subterráneas, sedimentos y suelos dentro y fuera del perímetro militar.
  • Información sobre la presencia de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), utilizadas en espumas contra incendios y asociadas con cáncer, daños hormonales y afectaciones al sistema inmune.
  • Reportes sobre residuos de municiones y metales pesados —como plomo, cobre, antimonio y tungsteno— en áreas de tiro.

La organización también alertó sobre la ubicación del campamento, parcialmente situado en la llanura de inundación del río Nigua, lo que podría facilitar el arrastre de sustancias tóxicas hacia comunidades civiles durante eventos climáticos extremos.

Santiago Hernández recordó que en 2009 la EPA sancionó a la Guardia Nacional por violaciones ambientales en Salinas, y destacó que, más de una década después, aún no existe información pública suficiente sobre el estado actual de la contaminación en la zona.

Madres contra la Guerra hizo un llamado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la EPA Región 2, al municipio de Salinas y a la Asamblea Legislativa para que realicen inspecciones independientes y exijan transparencia en el manejo ambiental de las instalaciones militares.