El Congreso mexicano analiza incrementar las penas por el delito de despojo inmobiliario, que afecta principalmente a personas vulnerables y compromete la seguridad jurídica de los ciudadanos. En la Ciudad de México, las reformas al Código Penal podrían alcanzar hasta 22 años de prisión, mientras que en el Estado de México las sanciones podrían llegar a 25 años y seis meses. Las autoridades buscan además crear unidades especializadas y fiscalías dedicadas a atender estos casos de manera más eficiente. El objetivo de las reformas es proteger la propiedad privada, prevenir la intervención dolosa de terceros y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a mecanismos efectivos de justicia. La iniciativa contempla además medidas de investigación y seguimiento que permitan sancionar tanto a particulares como a servidores públicos involucrados en estos delitos. Expertos legales señalan que la aplicación efectiva de estas reformas podría reducir significativamente la incidencia de despojo y fortalecer la confianza en las instituciones judiciales. El proyecto refleja un compromiso de las autoridades por garantizar la defensa del patrimonio y ofrecer herramientas legales claras para enfrentar esta problemática.
