En Puebla se ha puesto bajo escrutinio el pago de altas pensiones otorgadas a exfuncionarios de la antigua Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del ISSSTEP, que para algunos beneficiarios alcanza hasta 128 000 pesos mensuales. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema de jubilaciones estatales, así como la necesidad de mayor transparencia y regulación en las asignaciones de recursos públicos.
El pago de estas pensiones, consideradas por críticos como “dorado” debido a su elevada cuantía en comparación con la pensión promedio de trabajadores y jubilados comunes, ha motivado cuestionamientos de organizaciones civiles y especialistas en finanzas públicas. Se ha señalado que estos beneficios privilegiados pueden afectar la capacidad financiera del instituto de seguridad social y, a mediano plazo, poner presión sobre las finanzas estatales.
Entre las voces que han demandado una revisión se encuentran académicos, sindicatos y sectores ciudadanos que argumentan que la asignación de montos tan altos debe ser revisada para asegurar que los beneficios corresponden a criterios de justicia y equidad, y no a tratamientos privilegiados para determinados exfuncionarios. El debate también ha tocado la necesidad de armonizar las pensiones estatales con reformas que eviten disparidades significativas dentro del sistema.
Autoridades estatales han reconocido la preocupación ciudadana y han señalado que se evaluarán mecanismos de regulación y mayor supervisión para garantizar que los recursos destinados a pensiones se manejen de forma responsable y sostenible. Asimismo, se ha mencionado la importancia de revisar las bases legales y los criterios de elegibilidad que permiten otorgar pensiones de este nivel, con el fin de promover igualdad de trato para todos los pensionados.
El objeto central de la discusión gira en torno a la transparencia, responsabilidad fiscal y justicia social, elementos que los críticos consideran esenciales para cualquier sistema de seguridad social que busque equilibrar beneficios para sus afiliados sin comprometer la estabilidad financiera de las instituciones.
