Especialistas en derecho ambiental y gestión del agua han manifestado seria preocupación ante el anuncio de la posible adquisición del control accionario de la empresa “Concesiones Integrales”, operadora del servicio público bajo la marca “Agua de Puebla Para Todos”, por parte de la corporación filipina Manila Water.
De acuerdo con la información pública, la transacción, que involucraría el 74.85% de las acciones, aún no se ha concretado y está sujeta a formalización. No obstante, analistas advierten que este movimiento plantea interrogantes de fondo sobre la gestión de un recurso estratégico en un contexto de creciente estrés hídrico en la entidad.
Preocupaciones Principales
Los expertos consultados destacan varios puntos de alerta:
- Soberanía y Seguridad Nacional: Se argumenta que el agua, al ser un derecho humano constitucional y un recurso vital, es un asunto de seguridad nacional. La administración del servicio por una empresa extranjera podría, según esta perspectiva, poner en riesgo la garantía de este derecho para la población, especialmente en una crisis hídrica.
- Mercantilización del Recurso: Se subraya que la operación profundiza un modelo donde el agua es vista principalmente como una mercancía y no como un bien público esencial. Se teme que los objetivos comerciales de una transnacional puedan anteponerse a las necesidades sociales y ambientales.
- Vacíos Regulatorios: Los especialistas señalan que la legislación mexicana, particularmente la Ley de Inversión Extranjera, no establece restricciones explícitas para la participación extranjera en la prestación del servicio de agua potable, lo que genera un vacío legal en un área considerada sensible.
- Conflictos Socioambientales Existentes: Se advierte que la empresa adquiriente heredaría los desafíos no resueltos vinculados a la concesión, como la sobreexplotación de acuíferos, la infraestructura hídrica deficiente y los conflictos con comunidades que padecen escasez, agravando tensiones preexistentes.
- Deuda Pública y Ganancia Privada: Se cuestiona que, tras más de una década de concesión, la deuda del organismo público operador (Soapap) se mantenga, mientras la empresa concesionaria obtendría una ganancia millonaria con la venta de sus acciones.
Postura Oficial
Frente al anuncio de Manila Water, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, se ha pronunciado señalando que la transacción no está confirmada por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), calificando la información divulgada como “especulativa” hasta que exista una confirmación oficial.
Contexto Crítico
Las advertencias se enmarcan en una severa crisis hídrica que afecta a Puebla, caracterizada por la sobreexplotación de sus principales acuíferos, conflictos por el acceso al agua y una infraestructura que requiere urgentes mejoras en eficiencia y saneamiento.
Mientras se esclarece el estatus legal y operativo de esta posible transacción, el debate público se centra en la necesidad de fortalecer el marco regulatorio y garantizar que la gestión del agua priorice el derecho humano, la sustentabilidad y el interés público por encima de los intereses comerciales.
