En el marco de un amplio operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado procesó a once policías municipales por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente por el delito de “halconeo” y uso indebido de insignias oficiales. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que la acción, que incluyó la participación del ejército, la Guardia Nacional y fuerzas estatales, derivó del análisis de 156 elementos de corporaciones en tres municipios.
Las investigaciones se vinculan directamente con los violentos hechos ocurridos en diciembre en Villaflores, donde ocho personas fueron desaparecidas y dos bares incendiados. Las autoridades sospechan de la participación del “Cártel de Chiapas Guatemala” en aquellos ataques y consideran que la infiltración en las policías municipales facilitó sus operaciones.
Detalles del operativo y los implicados
El operativo, que movilizó a más de 500 elementos, se llevó a cabo durante el fin de semana en los municipios de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas. Se identificó y trasladó a 156 policías municipales (101 hombres y 55 mujeres) a la Fiscalía para realizar entrevistas y revisar sus expedientes laborales y de control de confianza. Como resultado, once elementos fueron “judicializados” o vinculados a proceso formal.
La distribución de los agentes procesados es la siguiente:
Entre los detenidos se encuentran el director de la policía municipal de Jiquipilas y el comandante de la de Ocozocoautla. Durante los cateos se aseguraron aproximadamente 200 teléfonos celulares y 11 radios, presuntamente utilizados para las actividades de “halconeo”. Los 145 elementos restantes fueron liberados bajo reserva de ley, lo que significa que podrán ser citados nuevamente si la investigación lo requiere.
El delito de “halconeo” y el marco legal reforzado
Los once policías enfrentan cargos iniciales por “uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias”. Sin embargo, la Fiscalía mantiene una línea de investigación paralela y activa por el delito de “halconeo”, el cual podría agregarse a la acusación.
El “halconeo” consiste en vigilar y reportar ilegalmente los movimientos y operativos de las fuerzas de seguridad para alertar y beneficiar a grupos delictivos. Recientemente, el Congreso de Chiapas reformó su Código Penal para endurecer las penas por este delito, las cuales ahora pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. La reforma, promovida como parte de la estrategia de seguridad estatal, también tipifica y sanciona el “halconeo digital”, que utiliza tecnologías como drones y redes sociales para fines delictivos.
Este esfuerzo legislativo local se alinea con acciones similares en otros estados como San Luis Potosí y Sinaloa, que en 2025 también tipificaron o reforzaron las leyes contra esta práctica. No obstante, la criminalización del “halconeo” tiene antecedentes complejos. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una versión anterior de este delito en Chiapas, argumentando que una definición muy amplia podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. La nueva reforma busca, según sus promotores, un equilibrio que permita perseguir la colaboración con el crimen sin vulnerar derechos fundamentales.
Contexto de seguridad en Chiapas
El fiscal Llaven Abarca enmarcó este operativo dentro de los resultados positivos de la estrategia de seguridad estatal. Según datos proporcionados por su despacho, durante el año 2025 Chiapas registró una disminución del 43% en delitos de alto impacto en comparación con 2024, alcanzando la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2010.
La investigación por los hechos de Villaflores y la presunta infiltración policial continúa abierta. Las autoridades analizan el contenido de los teléfonos incautados para rastrear comunicaciones y ampliar las líneas de investigación. Este caso pone de manifiesto los desafíos persistentes en la depuración de corporaciones locales y el combate a la inteligencia criminal en la región.
