En México, varios productores agrícolas han logrado obtener ingresos millonarios al vender agua a diferentes municipios, alcanzando ganancias de hasta 300 millones de pesos anuales. Estas transacciones se realizan a través de concesiones originalmente destinadas al riego agrícola, lo que ha generado un debate sobre la gestión y el uso del recurso hídrico en el país.
Expertos advierten que esta práctica podría afectar el suministro de agua en zonas rurales, poniendo en riesgo a comunidades que dependen de estos recursos para su producción agrícola y consumo diario. Por su parte, los municipios argumentan que estas compras son necesarias para garantizar el servicio básico a la población, evidenciando un conflicto entre el lucro privado y el interés público, y subrayando la necesidad de revisar la legislación vigente para regular el uso del agua de manera más equitativa.
