El Congreso de Puebla inició la discusión de una propuesta que busca reconocer el derecho a una muerte digna para personas en etapa terminal, especialmente adultos mayores que enfrentan enfermedades incurables y progresivas. La iniciativa plantea modificar la Constitución estatal con el fin de establecer un marco jurídico que permita a los pacientes decidir cómo transitar la fase final de su vida. El planteamiento responde a un contexto en el que cada vez más familias y profesionales de la salud señalan la necesidad de contar con alternativas claras, humanizadas y respetuosas para estos casos.

La propuesta presentada considera que la libertad de decisión debe acompañarse de protocolos médicos y legales que garanticen seguridad, transparencia y supervisión. El enfoque central está en el respeto a la autonomía del paciente, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en proteger a personas vulnerables. El proyecto incluye la posibilidad de que quienes padecen enfermedades irreversibles puedan solicitar cuidados paliativos reforzados o un proceso asistido para evitar sufrimiento innecesario, siempre bajo criterios médicos verificables y con pleno consentimiento informado.

Durante la discusión inicial, legisladores destacaron que el debate no se limita a un aspecto sanitario, sino que involucra dimensiones éticas, legales y sociales. Para avanzar, se contempla la participación de especialistas en bioética, personal de salud, académicos y organizaciones civiles, con el objetivo de revisar modelos existentes en otros territorios y evaluar su pertinencia en el contexto local. La intención es construir un marco normativo sólido que prevenga abusos, resguarde derechos fundamentales y brinde claridad tanto a familias como a profesionales de la salud.

El tema abre una conversación amplia sobre el final de la vida, los cuidados paliativos y las condiciones en las que las personas enfrentan enfermedades terminales. La iniciativa reconoce que los avances médicos han prolongado la esperanza de vida, pero también han generado nuevos retos respecto a la calidad con la que se transita la última etapa. El análisis legislativo continuará en comisiones, donde se revisarán ajustes, posibles alcances y mecanismos de supervisión. Con ello, Puebla se suma a la discusión nacional sobre cómo garantizar dignidad, acompañamiento y respeto en el momento final de la vida.