La diputada local Gabriela Chumacero anunció este martes la posibilidad de que las personas transgénero a partir de los 15 años puedan solicitar la modificación de sus documentos oficiales en el estado, como actas de nacimiento y credenciales, en un esfuerzo por reconocer legalmente su identidad de género desde la adolescencia.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora aclaró que la propuesta, aún en etapa de análisis y discusión, permitiría el ajuste de la información registral, pero mantendría la restricción de someterse a cirugías de reasignación sexual hasta la mayoría de edad. El objetivo, según explicó, es equilibrar el derecho a la identidad con la protección integral de los menores en aspectos médicos y legales.

Contexto y cifras relevantes

La iniciativa se da en un marco donde, de acuerdo con un informe de la Universidad Iberoamericana Puebla, en México hay aproximadamente 5 millones de personas de 15 años o más que se identifican dentro de la diversidad sexual y de género. De ellas, se estima que 267 mil residen en Puebla.

A nivel nacional, cerca de 908 mil personas se declaran trans, lo que refleja la magnitud de la población que podría verse directamente impactada por este tipo de reformas legales.

Alcances y limitaciones de la propuesta

De concretarse, la medida permitiría que adolescentes trans soliciten el cambio de nombre y género en documentos oficiales, facilitando su reconocimiento social y jurídico en ámbitos escolares, de salud y administrativos. Sin embargo, se mantendría la prohibición expresa de intervenciones quirúrgicas de reasignación hasta cumplir los 18 años, con el fin de resguardar su salud y garantizar una toma de decisiones plenamente informada.

Un paso hacia la inclusión y contra la discriminación

La diputada Chumacero destacó que la iniciativa busca reducir la discriminación institucional y social que enfrentan las personas trans, especialmente desde edades tempranas, y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones.

Este anuncio se enmarca en un proceso legislativo creciente en varias entidades del país para adecuar los marcos jurídicos a los principios de identidad de género y no discriminación, reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

La propuesta será analizada y discutida en comisiones del Congreso de Puebla antes de su posible votación en el pleno.