En Puebla, las autoridades han recibido más de 1 700 denuncias relacionadas con violencia digital, principalmente por la violación de la intimidad sexual a través de medios electrónicos. A pesar del volumen de reportes, durante los últimos años no se ha dictado una sola sentencia penal en contra de quienes cometen estos delitos, lo que evidencia retos permanentes en la atención de crímenes que ocurren en entornos digitales.
Expertos y académicos señalan que la ausencia de resoluciones judiciales se debe en parte a la falta de criterios técnicos y protocolos claros para integrar la evidencia digital en los procesos penales. Los sistemas de procuración y administración de justicia enfrentan dificultades para procesar pruebas electrónicas de manera efectiva, lo que dificulta sancionar a quienes vulneran derechos en espacios virtuales.
Organizaciones civiles y especialistas jurídicos han subrayado la necesidad de fortalecer la legislación estatal y los mecanismos de investigación, con el fin de reducir la impunidad en casos de violencia digital. Se ha insistido en la capacitación especializada de fiscales, policías y jueces para abordar delitos que involucran tecnologías de la información, condición esencial para garantizar justicia a las víctimas.
Además, la discusión sobre violencia digital se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra mujeres y personas vulnerables en el estado. Datos recientes muestran que distintos tipos de agresiones, tanto físicas como virtuales, siguen siendo una preocupación central en la agenda de seguridad y derechos humanos, evidenciando la urgencia de medidas preventivas y correctivas efectivas.
