Activistas y datos oficiales señalan que la falta de infraestructura inclusiva y la discriminación sistemática excluyen a las personas con discapacidad de la vida social y económica en la zona metropolitana.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizaciones civiles y datos demográficos pintan un panorama desafiante para la inclusión en la zona metropolitana de Puebla, la cuarta más poblada del país. La activista Andrea Escobar García, vocera del Movimiento de Personas con Discapacidad en la entidad, describe a la ciudad como “poco empática” y “incompatible” con las necesidades de este sector de la población.
El diagnóstico apunta a un entramado de barreras físicas y sociales que comienza en la vía pública. Banquetas intransitables, desniveles pronunciados, ausencia de rampas y guías podotáctiles, así como paraderos de transporte público inaccesibles, obligan a muchas personas, especialmente usuarias de sillas de ruedas, a transitar por el arroyo vehicular, incrementando su riesgo. Esta realidad se extiende a edificios públicos y privados, estacionamientos –donde es frecuente la ocupación indebida de cajones reservados– y hasta a sanitarios que no cumplen con diseños universales.
Más allá de la infraestructura, Escobar García subraya una “discriminación sistemática” y una falta de sensibilización social. Relata experiencias donde el personal de bancos o comercios se dirige al acompañante en lugar de a la persona con discapacidad, o donde la ausencia de consideración en filas y servicios genera exclusiones cotidianas. “Las personas con discapacidad somos personas como cualquier otra… pero cuando tienes discapacidad, te enfrentas a muchas barreras”, afirmó.
Un desafío particularmente grave es el del transporte público, descrito como mayormente inaccesible. A pesar de algunos esfuerzos recientes, la activista critica que las decisiones se toman sin consultar a las personas directamente afectadas, violando el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros” establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Ponen al frente a personas que desconocen absolutamente del tema y hacen cosas que no necesitamos o que no sirven”, señaló.
Las consecuencias de esta falta de accesibilidad son profundas. Según Escobar García, se traducen en exclusión educativa, laboral, económica y recreativa, agudizando las desigualdades. Aunque existen leyes en la materia, la aplicabilidad y la voluntad política para hacerlas cumplir son señaladas como insuficientes. Las modificaciones, apunta, suelen focalizarse en zonas turísticas como el Centro Histórico, dejando en el abandono a las colonias periféricas.
Cifras que dimensionan el reto
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 aproximadamente el 4.6% de la población en Puebla presentaba alguna discapacidad, lo que equivale a más de 300 mil personas. En el municipio de Puebla, cerca de 56 mil personas reportaron una discapacidad severa. Las discapacidades de tipo físico o motriz son las más prevalentes, representando alrededor del 53% de los casos, seguidos por las discapacidades visuales y auditivas.
Este análisis evidencia que la construcción de una ciudad plenamente inclusiva en Puebla requiere trascender la mera adecuación física puntual. Exige un cambio cultural, la aplicación efectiva de la normativa, una planeación urbana con perspectiva de derechos humanos y, sobre todo, la participación activa y consultada de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas y la infraestructura que determinan su calidad de vida y su ejercicio pleno de ciudadanía.
