Vecinos y representantes del pueblo originario de Xoco, junto con otras comunidades como Santa Cruz Atoyac, exigieron públicamente la desaparición de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México (Sepi), a la que acusan de no representar sus intereses ni reconocer sus derechos.
En conferencia de prensa, Elizabeth Álvarez, integrante de la Asamblea Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios del Anáhuac, anunció que este miércoles realizarán una manifestación frente a las oficinas de la dependencia. Entre sus demandas se encuentra el reclamo por la nulidad del Sistema de Registro de comunidades originarias, el respeto a sus derechos colectivos y la realización de una consulta informada, culturalmente adecuada y con plazos suficientes para analizar el Plan General de Desarrollo de la ciudad.
La agrupación, que reúne a comunidades principalmente del sur y oriente de la capital, señaló que la Sepi ha actuado en complicidad con lo que definen como “sus enemigos”, desvirtuando su función representativa y convirtiéndose en una “mala influencia”, motivo por el cual solicitan su desaparición.
Caso Mítikah ante la CIDH
En el mismo acto, Mauricio Reyes, integrante del Consejo del Pueblo de Santa Cruz Atoyac, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el pueblo de Xoco en relación con la construcción de la torre Mítikah.
La demanda alega que el Estado Mexicano violó el derecho de la comunidad sobre su territorio ancestral y omitió realizar una consulta libre, previa e informada antes de autorizar el desarrollo inmobiliario. El siguiente paso en el proceso será la apertura de audiencias para escuchar a las partes, con el objetivo de buscar un acuerdo amistoso. De no lograrse, la CIDH podría emitir una recomendación y, en última instancia, el caso podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los demandantes buscan que el proyecto Mítikah sea declarado inconvencional, que se revoquen sus autorizaciones y que se ordene la restitución de terrenos, como el ubicado en la calle Real de Mayorazgo, a favor del pueblo de Xoco, sentando un precedente internacional sobre los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos
