La denominada “Ley Therian” es una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer un marco legal de protección para jóvenes que se identifican como parte de la comunidad therian. Este término hace referencia a personas que experimentan una identificación interna —de carácter espiritual o psicológico— con un animal, como parte de su vivencia personal de identidad.
El proyecto surge como respuesta a casos documentados de discriminación, acoso escolar y violencia relacionados con esta forma de expresión, y busca promover la convivencia respetuosa y la no discriminación en entornos educativos del estado de Nuevo León. De acuerdo con información difundida por El Universal Puebla, la iniciativa plantea que el sistema educativo reconozca y atienda estas situaciones mediante lineamientos claros de prevención y actuación.
Entre sus principales propuestas se encuentra la creación de protocolos obligatorios de convivencia y protección en escuelas públicas y privadas, desde nivel básico hasta superior. Dichos protocolos incluirían medidas específicas contra el bullying, la exclusión y la discriminación hacia estudiantes que manifiesten esta identidad, así como mecanismos de atención y acompañamiento para víctimas de agresiones.
Además, la iniciativa contempla la creación de observatorios ciudadanos, programas de seguimiento y sanciones administrativas para personal docente o directivo que omita o aplique de manera incorrecta los lineamientos establecidos. Según Publimetro México, el objetivo es generar corresponsabilidad institucional y evitar que los casos de violencia queden sin atención.
El planteamiento ha generado un amplio debate público en redes sociales y entre sectores educativos, legislativos y sociales, con posturas encontradas respecto a su alcance, al reconocimiento legal de estas expresiones de identidad y a la manera en que el sistema educativo debe adaptarse a nuevas realidades sociales entre las juventudes. Mientras algunos lo consideran un avance en materia de derechos y convivencia, otros cuestionan su viabilidad jurídica y su impacto en las políticas educativas vigentes.
