Un análisis del INEGI revela que, a pesar de contar con más recursos, el Poder Judicial de Puebla emitió significativamente menos resoluciones en 2024, con apenas 63 sentencias condenatorias en materia penal por delitos como homicidio y feminicidio.
El Poder Judicial de Puebla presenta un severo rezago en la impartición de justicia: mientras su presupuesto creció un 27.4% en 2024, el número de sentencias emitidas en todas las materias cayó un 34.5% en comparación con 2023, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E) 2025 del INEGI.
La crisis se agudiza en materia penal. De las 1,289 sentencias en esta área, solo 63 fueron condenatorias por delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, robo y extorsión, lo que refleja una baja eficacia sancionadora frente a la delincuencia.
Un sistema cargado de administrativos
El censo detalla una disparidad estructural en la plantilla laboral del Poder Judicial:
2,911 personas son personal administrativo (95.1% del total).
Solo 150 personas (4.9%) son juzgadores (124 jueces y 26 magistrados) encargados directamente de impartir justicia.
Puebla ocupa el quinto lugar nacional en número de juzgadores, pero su productividad se desplomó, pasando de 42,277 sentencias en 2023 a 27,675 en 2024.
La justicia penal, la más rezagada
La mayoría de los asuntos resueltos se concentran en materias no penales:
- 16,436 sentencias en asuntos familiares.
- 5,947 en materia civil.
- 3,853 en materia mercantil.
- 1,289 en materia penal.
Este panorama se complementa con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en 2024 puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia a 5,812 personas por causas penales. Sin embargo, solo a 2,143 (36.8%) se les vinculó a proceso, y la situación del resto quedó en la indefinición.
Un círculo vicioso de desconfianza e ineficacia
Organizaciones como Impunidad Cero y la Red de Justicia Abierta en México señalan que este rezago alimenta un círculo vicioso:
En Puebla, el 94.9% de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades.
Del 5.1% que se denuncia, solo el 0.42% se resuelve.
Jonathan Carlos Amaro Hernández, docente de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, coincidió en el diagnóstico y añadió otros factores:
Déficit de juzgadores especializados en materia penal.
Prácticas dilatorias de algunos abogados, que prolongan los procesos con recursos sin fundamento.
Falta de cultura de la denuncia.
Perspectiva poco alentadora para el futuro
Amaro Hernández advirtió que el panorama para los próximos años es desalentador. Señaló que la llegada de jueces por elección popular en 2027, quienes probablemente llegarán con menor experiencia, podría agravar el rezago existente, sumándose a la ya compleja situación del sistema judicial en la entidad.
