El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a una red de empresas y ciudadanos colombianos, acusados de facilitar el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos para combatir en el conflicto armado en Sudán. La medida introduce un nuevo punto de fricción en la agenda bilateral entre Washington y Bogotá.
Según el comunicado oficial, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se dirigen contra compañías transnacionales y ciudadanos colombianos señalados de ser piezas clave en una estructura que habría reclutado a cientos de exmilitares colombianos para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar involucrado en un conflicto que ha generado una grave crisis humanitaria en Sudán.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los combatientes reclutados aportaron experiencia militar en áreas como infantería, artillería, manejo de drones y entrenamiento, influyendo directamente en el desarrollo de las hostilidades. El Tesoro identificó específicamente a una red empresarial con base en Bogotá y a un exmilitar colombiano residente en Emiratos Árabes Unidos como figuras centrales en la logística de captación y despliegue del personal.
La investigación señala que las empresas sancionadas habrían gestionado los procesos de reclutamiento, coordinado pagos y facilitado transferencias internacionales para financiar la operación, utilizando estructuras en múltiples países para reducir su exposición legal.
La inclusión en la lista de la OFAC conlleva un bloqueo de activos y la prohibición de realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense, lo que aísla efectivamente a los sancionados de gran parte de la banca internacional. Esta acción se produce en un contexto donde el Senado de Colombia recientemente aprobó una ley que prohíbe la actividad mercenaria y criminaliza a las empresas reclutadoras.
El caso ha reavivado el debate en Colombia sobre la responsabilidad del Estado frente a las redes de reclutamiento privado para conflictos extranjeros y sus repercusiones en la política exterior. Anteriormente, el gobierno transitorio de Sudán ya había hecho un llamado público para que los ciudadanos colombianos no se integraran a la guerra.
