En la capital poblana, el uso de scooters y bicicletas eléctricas crece a pasos acelerados. De acuerdo con datos del Biciestacionamiento, en lo que va del 2025 se registró un aumento de más del 1000% en la demanda de estos vehículos en comparación con su inauguración. Aunque las estadísticas también contemplan a bicicletas convencionales, la tendencia refleja una realidad: cada vez más personas buscan alternativas ante la mala calidad del transporte público y el intenso tráfico en las principales zonas de la ciudad.

Con esta transformación, surgió la necesidad de establecer reglas. La reciente reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial obliga a quienes usen scooters y bicis eléctricas a portar casco si circulan a más de 25 km/h. Además, se prohíbe su tránsito en vías primarias, de acceso controlado o de alta velocidad, salvo donde exista infraestructura adecuada, lo que limita la circulación en más de 20 vialidades de la zona metropolitana. Estos vehículos deberán desplazarse principalmente por ciclovías.

Sin embargo, la medida abre un debate: ¿qué ocurre con los ciclistas convencionales? Expertos advierten que la diferencia en velocidad, peso y aceleración entre ambos tipos de transporte genera riesgos. Mientras una bicicleta normal alcanza entre 15 y 20 km/h con un peso aproximado de 10 kg, una eléctrica o scooter puede llegar a los 25 km/h y superar los 30 kg, aumentando la posibilidad de accidentes graves en caso de colisión.

El especialista en seguridad vial Armando Pliego, con una década de experiencia en el sector público, advierte que esta integración podría traer consecuencias negativas: “Aunque la intención es positiva, meter en el mismo carril a bicicletas eléctricas, scooters y bicis convencionales es peligroso. La diferencia entre una y otra es significativa, y sin una categorización adecuada se pone en riesgo a los ciclistas más vulnerables”.

Pliego subraya que Puebla debería diferenciar normativamente cada vehículo, emitir permisos especiales según el tipo de uso e inspirarse en modelos internacionales como los de Ámsterdam u Holanda, donde existen políticas claras que regulan la convivencia vial. “No es lo mismo un transporte recreativo que uno de uso cotidiano; tratarlos igual es un error”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, defendió que ni scooters ni bicicletas eléctricas requieren licencia, placas o permisos especiales, pese a propuestas en el Congreso local que buscaban establecer estas medidas. En sus redes sociales, aseguró que Puebla apuesta por una movilidad sustentable e incluyente, con reglas claras y respeto a la ciudadanía. “Las y los ciclistas son parte fundamental de nuestro modelo de movilidad, y su uso no implica trámite, registro ni costo alguno”, afirmó.

El debate sigue abierto. Mientras los usuarios celebran la expansión de alternativas de transporte más rápidas y ecológicas, especialistas piden ajustes a la ley para garantizar seguridad en las calles. La ciudad enfrenta un reto crucial: equilibrar el derecho a una movilidad sustentable con la necesidad de vialidades seguras para todos.