¿Te imaginas un apagón de información? Una mañana despiertas y, por más que busques en periódicos, redes o radio, no encuentras absolutamente nada. Silencio total. Al mismo tiempo, en tu colonia comienzan a derribar cada árbol del único parque cercano. La impotencia crece: no sabes por qué, para qué, ni quién lo autorizó. Tu primer impulso sería preguntar a la autoridad, pero ahí descubres que tampoco hay respuesta: todo está reservado, clasificado, blindado por años… porque alguien decidió que la ciudadanía no merece saber.

Así, sin más opciones, debes transitar tu vida en un entorno que ya no respira. El parque que antes oxigenaba tus días desapareció y, con él, la sombra que protegía a los niños del sol, el espacio donde convivías con tus vecinos, el aire que hacía el entorno más habitable. Ahora respiras polvo y concreto; el calor aprieta porque no hay árboles que regulen la temperatura; las aves y pequeños animales se han marchado. La vida cotidiana se vuelve más hostil… pero, eso sí, todo está “legalmente” reservado.

En México, toda información gubernamental debería ser pública, salvo excepciones muy específicas. Sin embargo, la figura de la “reserva” se ha convertido en un muro frecuente que impide a la ciudadanía conocer decisiones que afectan su vida diaria. Bajo argumentos de seguridad nacional o “procesos en curso”, se ocultan datos sobre megaproyectos, desastres ambientales o concesiones de recursos naturales. Y mientras tanto, los discursos oficiales siguen repitiendo palabras como “sostenibilidad” y “desarrollo responsable” como si fueran conceptos mágicos que arreglaran todo por arte de decreto.

Desde la perspectiva de la comunicación, lo que más preocupa no es la letra chiquita de la ley, sino el vacío que deja la falta de información. Cuando un gobierno decide reservar datos sobre un proyecto o desastre ambiental, no sólo oculta papeles: silencia a la comunidad que vive las consecuencias. La ciudadanía queda atrapada entre el rumor, la especulación y la impotencia.

Pongamos ejemplos: el derrame de Grupo México en el Río Sonora mantuvo ocultos durante años los resultados médicos de las comunidades afectadas; la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali reservó permisos de agua y estudios ambientales, limitando la información pública; y el Tren Maya mantiene clasificados estudios de impacto ambiental en varios tramos, dejando a la ciudadanía sin acceso a datos esenciales sobre los ecosistemas que habita y protege.

Reservar información no es necesariamente malo; es un mecanismo legal contemplado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su Capítulo 2, artículo 104, define cómo puede clasificarse dicha información. Su propósito es proteger datos sensibles, como seguridad nacional o información personal. El problema surge cuando este mecanismo se utiliza de manera excesiva o injustificada, dejando a la ciudadanía sin acceso a información vital para comprender decisiones que afectan su entorno y su vida diaria.

Los criterios de reserva deberían revisarse, pero en temas ambientales, la prioridad debe ser respetar el derecho de la ciudadanía a saber. Cada decisión que tomamos hoy, deja cicatrices para las generaciones futuras. Porque, como dice Isabel Zapata en Una ballena es un país, “hay territorios que existen pero no aparecen en nuestros mapas”; la información reservada funciona igual: un país invisible que nos rodea, nos afecta y, sin embargo, se mantiene fuera de nuestro alcance. Recuperar ese país es recuperar nuestro derecho a conocer, decidir y proteger lo que interactúa con nosotros y merece el mayor de los respetos.