Subsecretario de Gobierno de Chihuahua advierte que el crimen organizado ha convertido la tala ilegal en una de sus principales fuentes de ingreso
La tala clandestina es responsable del 90% de los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara, según informó el subsecretario general de Gobierno del estado, Óscar González Luna. El funcionario detalló que este delito ambiental, impulsado por el crimen organizado, se ha convertido en la principal causa de desplazamiento y violencia contra las comunidades indígenas de la región.
González Luna explicó que, desde hace tres años, el gobierno estatal implementó un protocolo de atención interinstitucional que involucra a 18 autoridades federales y estatales, incluyendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Este esquema ha permitido el aseguramiento de más de 30 millones de pesos en madera y vehículos, así como detenciones de responsables, algunos ya con sentencia firme, y la imposición de órdenes de reforestación obligatoria en zonas afectadas.
Reconfiguración del crimen organizado
El subsecretario señaló que la tala clandestina ha mutado y se ha fortalecido debido a la reconfiguración del crimen organizado. “Muchos grupos han dejado de tener ingresos por la venta de drogas o el tráfico de migrantes, y han encontrado en la tala ilegal una nueva fuente de dinero”, afirmó.
Los municipios más afectados se concentran en la zona sur, particularmente Guadalupe y Calvo y Guachochi, y en la zona occidente, en Bocoyna, Creel y San Juanito, donde se han realizado los mayores aseguramientos de madera. En estas regiones, las comunidades rarámuri y ódami enfrentan constantes amenazas.
Desplazamiento permanente y rotativo
González Luna describió el fenómeno del desplazamiento como “permanente y rotativo”, manteniéndose estable la cifra de aproximadamente 600 personas afectadas, aunque las víctimas cambian con el tiempo. “Los sacan de su hábitat bajo amenaza de muerte, los obligan a irse a ciudades más grandes como Parral o Chihuahua”, relató.
Agregó que la tala ilegal va acompañada de incendios deliberados para eliminar evidencia, práctica que no solo arrasa con la vegetación, sino que pone en riesgo la vida de los habitantes y genera daños irreparables a la biodiversidad.
Estrategias de denuncia y desafíos
Las autoridades han implementado campañas de denuncia anónima en lenguas indígenas como rarámuri y ódami, utilizando códigos QR, radio y espectaculares carreteros. Las denuncias llegan directamente al portal de Justicia Digital de la Fiscalía General del Estado, con garantía de confidencialidad.
Sin embargo, González Luna reconoció que las denuncias “no se aprovechan al 100%” y que frecuentemente llegan tarde, cuando solo se encuentran restos de los predios talados.
La situación se ha agravado con el hallazgo de explosivos de uso militar en caminos serranos, presuntamente colocados por grupos criminales para intimidar a las comunidades o impedir el acceso de las fuerzas de seguridad.
El fenómeno de la tala clandestina representa ya no solo un problema ecológico, sino una crisis humanitaria que afecta la vida de las personas, la seguridad pública y el medio ambiente en la Sierra Tarahumara.
