Un tribunal penal de Guayaquil declaró este lunes culpables a 16 efectivos militares por el delito de desaparición forzada que condujo al asesinato de cuatro menores en diciembre de 2024. La sentencia, emitida por el juez Jovanny Suárez, impuso penas que oscilan entre 30 meses y 34 años de prisión, además de medidas de reparación integral para las familias de las víctimas.

La audiencia determinó que la Fiscalía General del Estado demostró, a través de pruebas testimoniales, periciales y de reconocimiento del lugar, que los uniformados actuaron con “unidad de acción” como autores directos en la detención ilegal y posterior desaparición de Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años). El teniente coronel Juan Francisco I. M., único acusado como presunto cómplice, fue absuelto por falta de pruebas concluyentes.

Sentencias y medidas de reparación ordenadas

El tribunal aplicó una diferenciación en las penas basada en la colaboración con la investigación. Cinco militares que aportaron información relevante fueron condenados a 30 meses de privación de libertad. Los once restantes recibieron la pena máxima solicitada por la Fiscalía: 34 años y 8 meses de prisión.

Además de las sanciones penales, la sentencia incluye significativas medidas civiles y simbólicas:

  • Una multa colectiva equivalente a 800 salarios básicos unificados (aproximadamente 376,000 dólares).
  • Una reparación económica de 10,000 dólares por cada sentenciado, a favor de cada una de las víctimas o sus familiares.
  • Disculpas públicas en un medio de comunicación de alcance nacional.
  • Una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y la colocación de una placa con los nombres de los adolescentes.
  • La implementación obligatoria de capacitaciones en derechos humanos para el personal militar, enfocadas en intervenciones con población civil, especialmente menores de edad.

Contexto del crimen y reacciones

Los cuatro adolescentes fueron interceptados y detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 8 de diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas de Guayaquil. Sus restos calcinados fueron encontrados 16 días después en una zona rural de Taura, provincia de Guayas. El juez Suárez afirmó en su fundamentación que la “superioridad numérica y el porte de armas oficiales constituyeron medios intimidatorios” que aseguraron la indefensión de las víctimas, y que el abandono en un lugar peligroso “fue la causa de la muerte”.

El caso ocurrió en el contexto del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, que incrementó la participación militar en operativos de seguridad. A las afueras del tribunal, familiares y organizaciones de derechos humanos como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se congregaron para exigir justicia.

Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, señaló posteriormente que “a un año del crimen no ha existido una disculpa pública real” y que hubo “ocultamiento de información” durante el proceso. La sentencia es considerada un precedente histórico en la rendición de cuentas de las fuerzas armadas en Ecuador durante estados de excepción.