La nueva Junta de la Paz liderada por Estados Unidos solicita contribuciones de mil millones de dólares para asientos permanentes y busca redefinir la arquitectura internacional para la gestión de conflictos, comenzando por la Franja de Gaza
La administración del presidente Donald Trump ha extendido invitaciones a más de sesenta países para formar parte de su recién creada “Junta de la Paz” (Board of Peace), un organismo internacional cuya misión declarada es promover la estabilidad y supervisar la reconstrucción y gobernanza de la Franja de Gaza.
La iniciativa, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU para su misión en Gaza, ha generado un intenso debate global por su estructura, su mecanismo de financiación y sus ambiciones a largo plazo, que algunos analistas interpretan como un desafío al sistema multilateral tradicional.
Financiación: Mil millones por un asiento permanente
Uno de los aspectos más controvertidos del organismo es su modelo de membresía. Según los estatutos fundacionales obtenidos por agencias de prensa, los países miembros tendrán un mandato inicial de tres años, sujeto a renovación.
Sin embargo, existe una vía hacia la permanencia: cualquier Estado que realice una contribución única en efectivo superior a los 1,000 millones de dólares estadounidenses durante el primer año de vigencia del organismo, obtendrá una membresía permanente, exenta del límite temporal. Funcionarios estadounidenses han señalado que los fondos recaudados con este mecanismo se destinarán específicamente a la reconstrucción de Gaza.
Estructura y poder concentrado
La Junta de la Paz contará con una compleja estructura operativa. En la cúspide estará el propio Presidente Donald Trump como presidente inaugural del organismo, con facultades amplísimas detalladas en los estatutos.
Por debajo, se han establecido dos comités ejecutivos:
- Un “Comité Ejecutivo Fundador” de alto nivel, enfocado en diplomacia e inversión, integrado por figuras como el Secretario de Estado Marco Rubio, el yerno de Trump Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.
- Un “Comité Ejecutivo para Gaza”, responsable de supervisar el trabajo sobre el terreno. Este incluye, además de algunas de las figuras anteriores, a representantes de países como Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. La supervisión operativa diaria en Gaza recaerá en el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un grupo de 15 tecnócratas palestinos liderados por el ingeniero Ali Shaath.
Los estatutos conceden al presidente Trump la autoridad exclusiva para invitar o revocar la membresía de países, crear entidades subsidiarias y actuar como “autoridad final” en la interpretación de las normas. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros, pero requieren la aprobación final del presidente.
Países invitados y reacciones internacionales
La lista de invitados es extensa y diversa, abarcando aliados tradicionales, adversarios y países neutrales. Hasta la fecha, varios han confirmado públicamente la recepción de la invitación y, en algunos casos, su aceptación.
Controversias y desafíos inmediatos
La iniciativa se enfrenta a críticas y obstáculos considerables desde su lanzamiento:
- Oposición de Israel: El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que la composición del Comité Ejecutivo para Gaza “no fue coordinada con Israel y es contraria a su política”, objetando especialmente la inclusión de Turquía y Qatar, países con los que mantiene relaciones tensas. Un ministro israelí llegó a calificar el plan como “malo para Israel”.
- Críticas desde la ONU y la sociedad civil: La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo “no es legal” y lo calificó de “intento descarado” de imponer intereses estadounidenses e israelíes. La inclusión de figuras como Tony Blair también ha generado recelo en el mundo árabe debido a su papel en la guerra de Irak.
- Brecha entre el plan y la realidad en Gaza: Analistas independientes señalan que el anuncio de la “Fase Dos” del plan de paz, que incluye esta Junta, se produce sin que se hayan cumplido plenamente los objetivos de la Fase Uno. Se reportan continuas violaciones al alto al fuego y un flujo de ayuda humanitaria muy por debajo de lo acordado. Además, tareas críticas como el desarme de Hamás o la constitución de una Fuerza Internacional de Estabilización enfrentan enormes dificultades prácticas y políticas.
El organismo aspira, según las cartas de invitación, a “emprender un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales”, lo que ha llevado a observadores a considerarlo un potencial rival del Consejo de Seguridad de la ONU. Su éxito o fracaso en la monumental tarea de reconstruir Gaza y gestionar una transición política en el territorio marcará probablemente su destino y su capacidad para abordar otros conflictos en el futuro.
