El Observatorio Legislativo de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) evaluó de manera negativa el desempeño del Congreso local durante el primer año de la LXII Legislatura, al otorgarle una calificación global de 1.81 sobre 5.0, resultado que refleja una “preocupante debilidad institucional” frente al Poder Ejecutivo estatal, así como deficiencias en representatividad, capacidad legislativa, transparencia y rendición de cuentas.
El informe “Reporte Legislativo 2024-2025”, elaborado mediante un análisis cuantitativo y cualitativo por politólogos de universidades de la entidad, señala que el Congreso poblano presenta una marcada falta de autonomía e independencia ante las injerencias del gobernador Alejandro Armenta Mier, además de un bajo rigor en la evaluación de nombramientos para órganos autónomos y una limitada apertura para la participación ciudadana en el proceso legislativo.
Principales hallazgos de la evaluación
La evaluación se estructuró en cinco rubros principales, todos ellos con resultados deficitarios:
- Representatividad: Si bien se reconoce que se cumplen las normas del debate parlamentario y existe igualdad sustantiva entre legisladores, el informe destaca un “bajo grado de autonomía e independencia” del Congreso frente al Ejecutivo, así como desigualdades en la participación real y la toma de decisiones entre los diputados.
- Independencia del Ejecutivo: El Observatorio determinó que no existe rigor en el análisis de la idoneidad de propuestas para órganos autónomos, ni una exigencia efectiva de rendición de cuentas al gabinete estatal. Además, se cuestiona la falta de firmeza del Legislativo para hacer comparecer a funcionarios del Ejecutivo.
- Capacidad legislativa: Se critica la celeridad con que se aprobaron las iniciativas enviadas por el gobernador, las cuales tardaron un promedio de apenas 20 días en ser avaladas, en contraste con los 119 días que tardaron en promedio las propuestas de los propios diputados. El reporte también señala la ausencia de un debate “serio y abierto” en las discusiones parlamentarias.
- Transparencia y participación ciudadana: Aunque se reconoce que existe un nivel básico de transparencia y acceso a la información, el documento apunta que no hay facilidades para que la ciudadanía participe en la creación de leyes, contacte de manera sencilla a sus representantes o para que los periodistas ejerzan libremente su labor informativa dentro del recinto legislativo.
- Rendición de cuentas: Se indica que los diputados rara vez justifican ante la ciudadanía las leyes que aprueban o los nombramientos que realizan para cargos en órganos autónomos.
Datos cuantitativos y reformas cuestionadas
El análisis numérico confirmó una clara preferencia por las iniciativas del Ejecutivo: el 91% de las propuestas del gobernador fueron aprobadas. En el periodo del 15 de septiembre de 2024 al 14 de septiembre de 2025, se aprobaron 121 iniciativas (14% del total), dejando un rezago de 736 propuestas pendientes. La materia más legislada fue justicia y Estado de Derecho.
Entre las reformas específicas cuestionadas por el Observatorio se encuentran:
- La nueva Ley de Transparencia, por considerar que no cumple con estándares al haber desaparecido al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (ITAIPUE) y restado autonomía al organismo garante.
- La tipificación del ciberacoso en el Código Penal, la cual, a pesar de correcciones posteriores, mantiene –según el informe– “las principales debilidades y la mayoría de los riesgos a las libertades fundamentales”.
El reporte de la UPAEP concluye que, aunque hubo avances como la declaración de improcedencia de 328 iniciativas para reducir el rezago legislativo, la LXII Legislatura enfrenta retos críticos para fortalecer su independencia, profundizar el debate democrático y garantizar una efectiva representación ciudadana.
