En el panorama financiero mexicano, hay pocos temas tan impopulares como el regreso de un impuesto que ya se había ido. Esta semana, la mera posibilidad de reinstaurar la tenencia vehicular de manera generalizada ha resonado en los pasillos legislativos y, peor aún, en los bolsillos de millones de ciudadanos. El dilema es claro: mientras los gobiernos estatales buscan desesperadamente fuentes de ingreso para financiar obras y programas, revivir este fantasma fiscal podría asestar un golpe innecesario al consumidor y al sector automotriz.

La tenencia, ese impuesto anual que grava la propiedad de un vehículo en función de su valor, fue eliminado o subsidiado en gran parte del país a lo largo de la última década. Su retorno, en un contexto de inflación elevada e incertidumbre económica, sería un retroceso financiero directo para las familias.

Para la clase media y media-baja, que utiliza su vehículo como herramienta de trabajo o como única forma de movilidad familiar, la tenencia no es un gasto menor. Si consideramos que el impuesto podría oscilar entre $1,500 y $5,000 pesos anuales (dependiendo del modelo y estado), se convierte en un desembolso no discrecional que reduce drásticamente el ingreso disponible del hogar. Peor aún, la tenencia es un impuesto regresivo: golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos, pues el porcentaje del gasto que representa en el presupuesto familiar es mucho mayor.

El impacto no se detiene en el ciudadano de a pie. La resurrección de la tenencia traería graves consecuencias para dos pilares de la economía nacional… En cuanto al pilar de la Industria Automotriz, Imponer un costo adicional a la propiedad de un vehículo desincentiva la compra de unidades nuevas. Los consumidores extenderían la vida útil de sus autos viejos o se abstendrían de comprar, afectando la cadena de valor automotriz, que es crucial para el PIB mexicano. Esto iría en contra de las metas de modernización del parque vehicular y de reducción de emisiones.

Las empresas que operan flotillas (transporte, delivery, logística) verían un aumento directo en sus costos operativos. Estos gastos no desaparecen; se trasladan al consumidor final a través de precios más altos. En un momento en que el Banco de México lucha por contener la inflación, un impuesto de esta naturaleza actúa como un factor inflacionario adicional.

Es legítimo que los gobiernos busquen aumentar su recaudación, ya que estos ingresos son vitales para financiar infraestructura y seguridad. Sin embargo, el recurso de revivir la Tenencia es una solución fácil y perezosa.

La historia ya nos dio la lección: cuando el impuesto se mantuvo solo en algunos estados, se generó una masiva migración fiscal (miles de automovilistas registraron sus vehículos en entidades vecinas con subsidio), frustrando la recaudación.

El camino correcto no es resucitar impuestos impopulares y regresivos. La ruta inteligente es enfocarse en mejorar la eficiencia de la recaudación de los impuestos ya existentes, combatir la evasión fiscal en otros sectores más rentables y diseñar gravámenes más progresivos (como impuestos a vehículos de lujo, o tarifas de uso de carreteras más inteligentes) que no penalicen la movilidad básica de la ciudadanía. La salud financiera del Estado no debe construirse a costa del bolsillo más vulnerable.